La semana pasada, el Tribunal Supremo de Sudáfrica dictó una sentencia histórica en el caso de Werner Van Wyk y otros contra el Ministro de Empleo y Trabajo, declarando que las disposiciones de la Ley de Condiciones Básicas de Empleo (BCEA), que prevén cuatro meses consecutivos de baja por maternidad para las madres, discriminan injusta e inconstitucionalmente a los padres, así como a los progenitores de niños adoptados o nacidos por gestación subrogada. Tanto ILAW como Solidarity Center fueron amici en este caso.
En este caso, el juez Sutherland consideró que, aunque evidentemente no es discriminatorio conceder un permiso a una madre biológica que da a luz, la verdadera cuestión que subyace a la ley es una opción política con respecto a la crianza de los hijos, que podría realizar cualquiera de los progenitores. La elección política que subyace a la BCEA se basa en una visión asimétrica del cuidado de los hijos, que aunque sea común en la sociedad sudafricana, excluye el espacio para las normas igualitarias. En consecuencia, la BCEA no ofrece ningún reconocimiento a las familias en las que ambos progenitores participan por igual en la crianza de los hijos. El juez considera que, según los padres, un "mísero" permiso de diez días "considera marginal la participación del padre en la crianza temprana... y es per se ofensivo para las normas de la Constitución en la medida en que menoscaba la dignidad del padre". Además, hacer recaer la carga del cuidado de los hijos exclusivamente en la madre es igualmente problemático, ya que debería ser una cuestión que decidan los padres, no el legislador.
El Ministro de Trabajo se opuso argumentando que se trataba de una cuestión de asignación de recursos cuya resolución debería dejarse en manos del Parlamento y no de los tribunales, y que el poder legislativo no debería intentar provocar cambios sociales y culturales en la familia. El juez rechazó estos argumentos, declarando que "la subordinación de la mujer como sirvienta de la familia y mercancía, por muy extendidas que estén estas actitudes entre muchos habitantes de este país, no se ajusta en modo alguno a las normas de la Constitución... que exige la igualdad social entre hombres y mujeres y es inflexible en la actualización de ese statu quo para todos".
Tanto la Red ILAW como el Centro de Solidaridad fueron amici en este asunto, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria y los Servicios de Investigación Laboral, y aportaron derecho internacional y comparado al tribunal, centrándose especialmente en las formas en que la BCEA impone una carga desigual de cuidados a las madres.
Lea la sentencia aquí, la solicitud de admisión como amicus aquí, y los argumentos aquí. Para más información sobre este caso, póngase en contacto con Ziona Tanzer en ztanzer@solidaritycenter.org.
