COVID-19 está obligando a las empresas a tomar decisiones empresariales difíciles. Pero no pueden declararse en bancarrota moral y esperar salir indemnes de la pandemia. Al activar reflexivamente las cláusulas de fuerza mayor para suspender los pagos a los proveedores con trabajadores vulnerables, incluso para los pedidos ya procesados, las empresas se arriesgan a perder su licencia social para operar.